El fallo del CIADI contra Colombia en el caso Telefónica no es solo un asunto económico; es un recordatorio de la necesidad de adoptar una postura más precavida al suscribir tratados bilaterales de inversión.
Cristian Serna Castaño
de Colombia
Colombia enfrenta una encrucijada jurídica y financiera tras el reciente fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que condenó al país a pagar 380 millones de dólares a Telefónica. Este caso, más allá de su impacto económico inmediato, resalta las implicaciones de los tratados bilaterales de inversión (TBI) y plantea interrogantes sobre la gestión de los compromisos internacionales. La experiencia argentina en esta materia ofrece valiosas lecciones que Colombia no puede ignorar.
Este fallo representa la primera condena internacional de esta magnitud para Colombia en el ámbito de las inversiones y pone de manifiesto las implicaciones de haber asumido obligaciones internacionales sin un análisis profundo de sus consecuencias. A diferencia de otros países de la región, como Argentina, que comenzaron a firmar tratados bilaterales de inversión (TBI) desde la década de 1990, Colombia fue un actor tardío en la consolidación de su política de atracción de inversiones extranjeras, suscribiendo la mayoría de sus TBIs a partir de los años 2000. Este retraso inicialmente permitió al país evitar disputas onerosas en los tribunales internacionales; sin embargo, el caso Telefónica demuestra que este blindaje temporal no es eterno y que las obligaciones internacionales pueden convertirse en cargas financieras significativas si no se gestionan adecuadamente.
El laudo resalta la vulnerabilidad del Estado frente a demandas en tribunales arbitrales cuando las políticas nacionales entran en conflicto con los estándares internacionales de protección al inversionista. Colombia, al igual que Argentina en el pasado, enfrenta un reto urgente: fortalecer sus capacidades institucionales para defenderse en el ámbito internacional y mitigar el impacto de futuros litigios.
Un ejemplo que observar es el de Argentina, este, se convirtió en un caso paradigmático en la década de 2000, tras enfrentar múltiples demandas ante el CIADI. Durante los años 90, firmó numerosos TBI; esto inicialmente estimuló la llegada de inversión extranjera directa, sin embargo, las medidas adoptadas durante la crisis económica de 2001, como la pesificación de contratos y el congelamiento de tarifas, derivaron en una avalancha de arbitrajes que obligaron al país a pagar indemnizaciones millonarias. Estas sanciones no solo afectaron su economía, sino también su reputación internacional y capacidad para atraer nuevas inversiones.
El paralelismo con Colombia es claro: una etapa temprana, pero con señales de advertencia similares. La falta de una estrategia robusta para cumplir con los compromisos internacionales y gestionar las disputas puede derivar en una escalada de problemas legales y financieros.
La condena en el caso Telefónica debe convertirse en una llamada de atención. Colombia tiene la oportunidad de aprender de los errores de otros países y de ajustar su enfoque hacia los tratados de inversión, varios puntos relevantes son:
1. La necesidad de fortalecer las capacidades institucionales: Formar cada vez más a los equipos especializados, para que analicen, negocien y gestionen TBI, además de defender al Estado en litigios internacionales.
2. Mejorar la evaluación de riesgos antes de firmar nuevos tratados: Realizar estudios exhaustivos que anticipen escenarios adversos, incluyendo conflictos entre normas nacionales e internacionales.
3. Alinear políticas nacionales con compromisos internacionales: Tal vez lo más importante, es garantizar que las disposiciones internas no contradigan las obligaciones asumidas, esto buscando la concienciación de actores nacionales sobre la existencia de obligaciones internacionales que comprometen al estado. Casos como el de Telefónica nacen ante la inobservancia de estándares de inversión que los operadores jurídicos omiten al tomar decisiones.
El fallo del CIADI contra Colombia en el caso Telefónica no es solo un asunto económico; es un recordatorio de la necesidad de adoptar una postura más precavida al suscribir tratados bilaterales de inversión. Este caso pone de relieve la importancia de considerar cuidadosamente las necesidades internas del Estado y de garantizar que los acuerdos internacionales no limiten la capacidad soberana de los gobiernos para regular en beneficio del bienestar de sus ciudadanos.
Si bien los tratados buscan ofrecer seguridad a los inversionistas extranjeros, los Estados no deben renunciar a su derecho a regular en áreas clave como la salud, la educación, el medio ambiente y la protección social. Frente a la onerosidad de los fallos arbitrales, es fundamental que los Estados procuren incluir en los TBI cláusulas que salvaguarden su soberanía regulatoria. Esto podría incluir excepciones explícitas para medidas adoptadas en interés público, disposiciones que limiten los daños económicos en casos de crisis, o incluso mecanismos que fomenten el diálogo previo a la judicialización de las disputas.
Del mismo modo, resulta imperativo fomentar entre los operadores jurídicos nacionales una cultura de respeto por las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. La efectiva implementación de los tratados no solo requiere de negociaciones y diseños normativos adecuados, sino también de una comprensión clara de las implicaciones legales y económicas por parte de quienes interpretan y aplican estas disposiciones en el ámbito interno.
Cristian Fernando Serna Castaño es Abogado de la Universidad Externado de Colombia y candidato a Magister en Derecho Internacional de la misma casa de estudios. Experiencia como asesor en derecho administrativo, internacional y financiero en firmas de abogados y entidades del sector público como el Icetex y la Gobernación de Cundinamarca. Abogado de la firma ODICA.
