De aprobarse esta reforma constitucional, se estaría desmantelando la división de poderes tal como la conocemos en el sistema jurídico mexicano, dando lugar a un sistema autoritario en el que no existiría autonomía entre los tres poderes de la Unión, ya no exstiendo contrapeso alguno que haga frente a los poderes ejecutivo y legislativo.
Claudio César Alanis Serratos
Panamericana de México
MÉXICO
La teoría de la división de poderes, herencia primordial del derecho francés y de sus principales precursores: el inglés John Locke y el autor de “El espíritu de las leyes”, Montesquieu, en donde se habló por primera vez, sobre los pesos y contrapesos de los poderes de la únion, parece haber dejado de ser un pilar fundamental del sistema jurídico del Estado mexicano. Esto se refleja en la reciente aprobación por el Congreso de la Unión(representante supremo del Poder Legislativo, a petición del Poder Ejecutivo) de la supresión de la autonomía del Poder Judicial.
A pesar de que la división de poderes sigue siendo un principio esencial en los sistemas democráticos contemporáneos, con la finalidad primordial de evitar el autoritarismo y promover el equilibrio institucional del Estado, México ha reformado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminando la autonomía del Poder Judicial. La reforma dispone que ministros, magistrados y jueces del sistema federal serán elegidos por voto popular, lo que afectará a aproximadamente dos mil funcionarios para el año 2025.
Dentro de esta reforma se establece también la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—tanto actuales como futuros—, junto con ajustes en su remuneración salarial. Además, se contempla la creación de dos nuevos entes estatales: uno de carácter disciplinario y otro de ámbito administrativo, cuyos integrantes serán elegidos por el Legislativo Federal.
Las consecuencias más críticas de la reforma radican en la elección popular de los juzgadores, lo que afecta profundamente el sistema jurídico mexicano y entra en conflicto con los Tratados Internacionales suscritos por el Estado. Esta medida compromete la independencia judicial y vulnera tanto la privacidad como la transparencia en el ámbito de la justicia.
El Congreso de la Unión también presentó, el pasado 25 de octubre, una iniciativa que busca evitar la promoción de medios de control constitucional, como el Juicio de Amparo, contra cualquier reforma o adición a la Constitución.
La propuesta incluye modificaciones a los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Carta Magna, estableciendo textualmente:
“No procederá juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo proceso deliberativo, correlativo y debida votación”.
De aprobarse esta reforma constitucional, se estaría desmantelando la división de poderes tal como la conocemos en el sistema jurídico mexicano, dando lugar a un sistema autoritario en el que no existiría autonomía entre los tres poderes de la Unión, ya no exstiendo contrapeso alguno que haga frente a los poderes ejecutivo y legislativo.
Claudio C. Alanis Serratos es abogado por la Universidad Panamericana de México, post grado en materia de Derechos Humanos realizado en la Universidad Católica de Avila, en España. Es miembro activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, es Socio fundador de la firma Ortega & Alanis, Abogados, su práctica se especializa en Litigio Civil y Mercantil.
