El uso de IA en los procesos judiciales no sustituye la autonomía de las decisiones del juez. No obstante, su implementación debe estar sujeta a un control y cumplir con unos aspectos para garantizar que no se vulneren derechos fundamentales, como el derecho al debido proceso.
El avance tecnológico y la inteligencia artificial (IA) están transformando la administración de justicia. La Corte Constitucional colombiana, mediante la sentencia T-323 de 2024, se pronunció sobre el uso de IA por un operador judicial, marcando un hito en la integración de estas herramientas en procesos de tutela.
En el caso analizado, el juez de segunda instancia utilizó IA para su decisión. La Corte consideró necesario revisar una posible vulneración al debido proceso, ante dudas sobre si la decisión final provino de un juez o de una IA. Por tanto, es crucial determinar si el uso de IA en este contexto vulnera el derecho al debido proceso.
La jurisprudencia define el debido proceso como un conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos individuales en actuaciones judiciales o administrativas. En este contexto, la Corte examina si el uso de IA en el caso concreto vulnera derechos fundamentales y el debido proceso, analizando los siguientes aspectos:
- Principio de legalidad: El uso de IA debe alinearse con este principio, y debe regirse por normas claras y específicas para evitar decisiones arbitrarias y asegurar concordancia con el marco legal aplicable.
- Transparencia y Explicabilidad: Esenciales para garantizar el debido proceso, estos derechos deben ser protegidos en el uso de la IA. Su protección salvaguarda derechos fundamentales y permite a las partes ejercer plenamente su derecho a la contradicción.
- Independencia judicial: La IA puede afectar la imparcialidad del juez debido a sesgos en sus datos. Esto podría vulnerar el debido proceso si la decisión final no es del juez o si la IA compromete su independencia.
- Control: Ante la incertidumbre sobre el razonamiento de la IA, es necesario implementar mecanismos adecuados de control y supervisión.
La sentencia establece puntos cruciales sobre el uso de IA en el sistema judicial: respeto al debido proceso, transparencia y explicabilidad en su implementación, y mecanismos de control para prevenir sesgos y errores. Respecto a la independencia judicial, la IA puede apoyar decisiones sin acceder a información confidencial, pero no debe sustituir al juez. La decisión final debe seguir siendo una actividad humana, con la IA como herramienta de apoyo.
En conclusión, el uso no regulado de IA en la administración de justicia puede afectar la motivación judicial y vulnerar derechos, generando desconfianza sobre la fiabilidad de las decisiones. Es crucial que los jueces respeten los principios de transparencia y explicabilidad, permitiendo a las partes conocer los fundamentos utilizados para tomar decisiones procesales adecuadas. Esto evita limitar la actuación procesal a una herramienta incapaz de adaptar el marco normativo a situaciones inherentemente humanas. La Corte enfatiza la importancia de equilibrar los beneficios de la IA con una vigilancia y control adecuados, protegiendo los derechos fundamentales. Se deben adoptar normas que integren la tecnología sin afectar negativamente el acceso a la justicia.