Es momento de abrir un diálogo alrededor de estrategias de fortalecimiento de la infraestructura y las políticas públicas para prevenir futuras crisis.
Por: Luisa Fernanda Arboleda y Manuela Barragán Paipilla, Dentons Cardenas & Cardenas
El pasado mes de agosto, el país enfrentó una crisis de desabastecimiento de combustible para avión debido a alteraciones en los cronogramas de entrega. Como resultado, varios aeropuertos advirtieron sobre la posibilidad de escasez, lo que provocó la cancelación masiva de vuelos nacionales e internacionales en distintas regiones.
La crisis por el desabastecimiento de combustible para avión se extendió por un período de una semana, afectando la prestación del servicio de transporte aéreo. Esta situación, nos lleva a cuestionar dos asuntos relacionados con la actividad de distribución de combustibles como servicio público: (i) el funcionamiento del mercado de combustibles para avión; y (ii) el papel del Estado como garante en la correcta prestación de los servicios públicos.
En primer lugar, la crisis por el desabastecimiento puso en evidencia la alta dependencia que tiene el mercado colombiano de combustibles de avión de los dos únicos agentes refinadores del país. Lo anterior, considerando que la suspensión en las operaciones de una de las refinerías por el lapso de un día conllevó a la afectación del servicio público de transporte aéreo durante una semana. Países vecinos como Chile y Perú, cuentan con 4 y 7 refinerías respectivamente, lo que amplía la capacidad de repuesta del sistema en caso de que un evento de fuerza mayor afecte el funcionamiento de uno de los agentes. En ese sentido, vale la pena abrir el debate en torno a si la infraestructura actual es suficiente para atender las necesidades del mercado de combustibles de avión o si se deben tomar medidas encaminadas a garantizar una mejor atención de la demanda de combustibles de avión en Colombia.
Por otro lado, esta situación nos lleva a preguntarnos por el papel que juega el Estado en el mercado de combustible de avión en virtud de su mandato constitucional de actuar como garante en la efectiva prestación de los servicios públicos. A pesar de que la respuesta inmediata de algunos agentes del mercado mitigó los efectos de la crisis, resulta interesante preguntarse qué acciones debía tomar el Estado si el evento de fuerza mayor hubiera sido más grave y la capacidad de respuesta de un agente no hubiera sido suficiente, ¿a través de qué mecanismos, funciones, entidades y capacidades habría actuado el Estado?
La respuesta a ambas preguntas parece no ser tan clara, sin embargo, consideramos que es momento de abrir un diálogo alrededor de estrategias de fortalecimiento de la infraestructura y las políticas públicas para prevenir futuras crisis.
Luisa Fernanda Arboleda
Asociada en Dentons Cárdenas & Cárdenas en el área de práctica de Energía y Recursos Naturales. Cuenta con experiencia en derecho regulatorio del sector hidrocarburos, energía y financiación de proyectos. Su práctica se ha enfocado en la asesoría a empresas nacionales e internacionales, principalmente de la industria de energía, petróleo y gas, en la estructuración y financiación de proyectos, regulación aplicable, asuntos regulatorios y en la revisión y análisis de contratos propios de la industria.
Manuela Barragán Paipilla
Secretaria Legal en Dentons Cárdenas & Cárdenas para la práctica de Energía y Recursos Naturales. Además, es estudiante de derecho y finanzas, interesada en fusiones y adquisiciones, derecho de seguros, derecho financiero, derecho corporativo, arbitraje nacional e internacional.
