ARGENTINA
El pasado 15 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Ley 27.739 que introduce numerosas reformas dentro del campo jurídico empresarial, en la lucha contra el lavado de activos y el terrorismo. Estas modificaciones, que entrarán en vigencia a mediados de abril, modificarán enormemente el devenir diario de los abogados corporativos argentinos.
Como dato más relevante, la norma modifica los sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (“UIF”), e incrementa la competencia y facultades del organismo, y las sanciones a aplicar en caso de incumplimiento. Entre los sujetos obligados agrega a los contadores, abogados y escribanos públicos que participen en determinadas operaciones descriptas en la misma ley. Entre estas, se incluye la creación, operación o administración de personas jurídicas, abarcando de lleno la tarea de los abogados corporativos. In fine, aclara que no se deberán informar operaciones sospechosas protegidas por el secreto profesional. Esta reforma es altamente criticada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quienes solicitarán que se declare su inconstitucionalidad.