“Nos convertimos en el enemigo interno por alzar la voz y denunciar al Estado y a sus fuerzas militares, por afirmar que los paramilitares fueron creados como una forma de reprimir a los movimientos sociales».
Natalia Venegas Arango
Justice
de la Universidad del Rosario
ONG Project Expedite Justice
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dictaminado que Colombia es responsable por la persecución sufrida desde los años noventa por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una organización que ha denunciado repetidamente violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales. Según el fallo de la Corte, diversas instituciones gubernamentales llevaron a cabo labores de inteligencia contra los miembros del CAJAR y compartieron esa información con grupos paramilitares, quienes posteriormente amenazaron y atacaron a los defensores de derechos humanos. La sentencia establece que «el Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas».
La sentencia concluyó que el Estado colombiano violó un total de 14 derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, circulación y residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos. Como resultado, la Corte ha determinado que Colombia deberá cumplir con una serie de medidas, tales como investigar los actos de violencia, depurar los archivos de inteligencia que contienen información sobre los miembros del CAJAR, ofrecer disculpas públicas, producir un documental sobre la relevancia del trabajo de los defensores de derechos humanos y proporcionar reparación a las víctimas.
El CAJAR fue fundado en 1978 como respuesta a la política represiva del Gobierno de Julio César Turbay, quien promulgó un Estatuto de Seguridad reflejando una postura anticomunista predominante en América Latina durante la Guerra Fría. Estas disposiciones legales permitían el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, lo que llevó a la acusación de numerosos líderes sociales como supuestos guerrilleros encubiertos.
Una de las personas que celebró la decisión fue Soraya Gutiérrez, cuyo caso fue uno de los examinados por la Corte. En 2005, recibió una muñeca quemada y descuartizada, pintada con esmalte para simular sangre. Junto a ella, había una nota: «Usted tiene una familia muy linda, no la sacrifique». Para Gutiérrez, quien había sido víctima de un atentado dos años antes, el mensaje era claro. «La muñeca llegó desde una dirección donde viví durante mi infancia. Con muchos detalles, querían decirme que sabían todo sobre mi vida», rememora. La abogada, quien fue presidenta del CAJAR en la década de 2000, explica: «Nos convertimos en el enemigo interno por alzar la voz y denunciar al Estado y a sus fuerzas militares, por afirmar que los paramilitares fueron creados como una forma de reprimir a los movimientos sociales». Siempre hemos asumido la defensa de las víctimas de crímenes estatales y seguiremos haciéndolo, porque se espera que el Estado garantice los derechos y tenga la obligación de proteger la vida.
La decisión de la Corte IDH de condenar al Estado por violar el «derecho a defender los derechos humanos» fue celebrada por las abogadas que llevaron el caso. Aunque dudaron en incluir este derecho en los argumentos, la Corte lo aceptó, lo que los miembros del CAJAR ven como una protección para los defensores de derechos humanos en general. La sentencia incluye medidas como establecer un sistema de recopilación de datos sobre la violencia contra los defensores y adaptar los manuales de inteligencia a estándares internacionales. Villalba considera que esta sentencia será una herramienta importante para todo el continente, donde la persecución de defensores de derechos humanos es generalizada, especialmente debido a las doctrinas de seguridad nacional.
