Sudáfrica, como Estado parte de la Convención sobre el Genocidio, llevó el caso ante la CIJ para cumplir con su deber de prevenir el genocidio. La elección de este tratado internacional se basa en la necesidad de una cláusula compromisoria para activar la jurisdicción de la CIJ, y este es el único tratado al que Israel no le ha hecho ninguna reserva.
Natalia Venegas Arango
Justice
de la Universidad del Rosario
ONG Project Expedite Justice
Sudáfrica inició procedimientos legales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 29 de diciembre de 2023, alegando que Israel estaba violando sus obligaciones internacionales según la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta convención, además de ser una norma de ius cogens del derecho internacional, impone de manera explícita a los Estados la obligación de prevenir y sancionar los actos de genocidio. Por lo tanto, Sudáfrica, como Estado parte de la Convención sobre el Genocidio, llevó el caso ante la CIJ para cumplir con su deber de prevenir el genocidio. La elección de este tratado internacional se basa en la necesidad de una cláusula compromisoria para activar la jurisdicción de la CIJ, y este es el único tratado al que Israel no le ha hecho ninguna reserva.
La CIJ llevó a cabo audiencias de medidas provisionales los días 11 y 12 de enero, en las que participaron representantes de ambos Estados. Sudáfrica solicita a la CIJ que tome medidas provisionales de manera urgente para evitar que Israel cometa más crímenes en Gaza, utilizando «medidas provisionales» que son órdenes de emergencia aplicables incluso antes de que comience el caso principal. Sudáfrica argumenta que estas medidas son necesarias «para proteger contra un daño adicional, grave e irreparable a los derechos del pueblo palestino bajo la Convención del Genocidio, que continúan violándose». Las principales solicitudes son un alto el fuego y permitir el acceso de ayuda y asistencia humanitaria a la población de Gaza.
Sudáfrica ha hecho cinco argumentos principales. El primero Israel ha utilizado bombas destructivas en Gaza, declarando áreas seguras, resultando en la pérdida de vidas de más de 1,800 familias palestinas. El segundo es que Israel ha infligido graves daños físicos y mentales a la población en Gaza, con cerca de 60,000 personas heridas y mutiladas. El tercero es que Israel ha impuesto deliberadamente condiciones insostenibles en Gaza, buscando la destrucción mediante el desplazamiento forzado de la mayoría de la población, dejando a medio millón sin hogar. El cuarto es el asalto de Israel al sistema de salud en Gaza, dejándolo incapaz de manejar el elevado número de heridos que requieren tratamiento vital. Y, el último es que Israel está bloqueando tratamientos vitales para el parto en Gaza, impidiendo nacimientos y calificando esto como un acto de genocidio.
Israel, por su parte, ha prometido defenderse en la corte. Altos funcionarios israelíes, califican el caso de «absurdo» y lo consideran como una «calumnia». Israel probablemente argumentó que sus acciones, se llevaron a cabo en legítima defensa ya que se encuentran en una guerra contra Hamas y deben defenderse. También indicaron que no existe la intención, lo cual es clave al hablar del delito de genocidio. También indicaron que Hamas estaba utilizando a civiles como escudos humanos y las tropas israelíes estaban tratando de «minimizar» el daño a los civiles.
Las medidas provisionales son medidas temporales, como la suspensión de la acción militar, que el Estado solicitante puede pedir si considera que «los derechos que son objeto de la solicitud están en peligro inmediato». En este caso, Sudáfrica solicitó que «Israel suspenda sus operaciones militares en y contra Gaza» y se abstenga de cometer «actos genocidas» «como una cuestión de extrema urgencia» para proteger a los palestinos en Gaza contra un daño «adicional, grave e irreparable».
Para dictaminar medidas provisionales, la Corte debe primero determinar que tiene jurisdicción prima facie. Esto significa que la Corte debe establecer que existe una disputa entre los dos Estados según la Convención del Genocidio. Se espera que las diligencias iniciales duren solo unas semanas, por lo que podemos anticipar un fallo de la corte a favor o en contra de la solicitud urgente de Sudáfrica en unas pocas semanas. Sin embargo, el caso principal podría llevar mucho más tiempo, posiblemente años, ya que las deliberaciones de la CIJ son un proceso minucioso que implica presentaciones escritas detalladas, seguidas de argumentos orales y contraargumentos por parte de los equipos de abogados representantes de cada Estado. Los expertos sugieren que un veredicto en este caso podría demorar entre tres y cuatro años.
Natalia Venegas Arango es Abogada e internacionalista bilingüe de la Universidad del Rosario, con énfasis en seguridad, paz y conflicto. Con experiencia en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Amplio interés en derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional.
