Bonos de carbono: Alternativa sin igualdad de condiciones

“Los Bonos de Carbono no existen sin problemáticas y dificultades”

El cambio climático es una cuenta regresiva que pone contra las cuerdas a la sociedad y encontrar puntos de acuerdo para que los diversos sectores puedan aportar a su solución ha sido un reto al que se han enfrentado diversas organizaciones.  Para ello, los Bonos de Carbono nacen como uno de los mecanismos propuestos a partir del Protocolo de Kioto, estos funcionan como método de compensación a las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) que son retenidas o absorbidas, correspondiendo cada bono a 1 tonelada de CO₂, de esta manera compensando la Huella de Carbono generada. Gracias a las iniciativas REDD+, las cuales son certificadas por Organismos Internacionales. Formalmente iniciando en el país por medio de la Resolución 1447 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual dio viabilidad a los programas y proyectos.

Ahora, si bien este novedoso método para promover la responsabilidad climática de las empresas presenta diversos beneficios reputacionales, generando nuevos empleos y crecimiento económico a los actores involucrados en el cuidado del medio ambiente, esto no existe sin problemáticas y dificultades. Aunque es verdad que la regulación estipula la Consulta Pública como medio para acompañar los programas y proyectos de mitigación de Gases de Efecto Invernadero, resulta insuficiente pues no tiene capacidad vinculante alguna. Además, al ser proyectos de iniciativa privada, generalmente se inician con el acercamiento de las empresas con comunidades de zonas dónde es viable realizar los proyectos, sin la presencia de Entidades Públicas, con los conocimientos y capacidad para acompañar este relacionamiento. Es así que se genera una desigualdad en las condiciones con las que cada parte se acerca a negociar, dado que los conocimientos técnicos, el nivel organizativo y las situaciones desfavorables en las que viven algunas comunidades dan como resultado un desequilibrio de poder durante la conversación.

Caso contrario, a si fuere un proceso de Consulta Previa, un espacio de dialogo entre Empresas y Comunidades y con acompañamiento estatal, tiene beneficios como el factor vinculante de los compromisos generados en el dialogo, además de que las comunidades tienen una verdadera incisión en las decisiones que les afecten.

Si bien el Ministerio de Ambiente ha realizado informes y documentos sobre los Proyectos REDD+, en los que establecen una posibilidad de regular la Consulta Previa para estos, es necesario que estas iniciativas no queden en una regulación inoficiosa, si no que realmente impacten a las comunidades. Los Bonos de Carbono son un mecanismo cada día más prevalente y el relacionamiento con Comunidades para estas actividades no debe relegarse en un simple proceso informativo por parte de las empresas, pues la protección de las comunidades étnicas como el medio ambiente son temas de interés estatal y si este mecanismo continúa creciendo, se hace obligatorio determinar una regulación que establezca un marco de negociación en igualdad de condiciones y un acompañamiento estatal eficaz, que tome decisiones y determinaciones en beneficio  del interés y cultura de las diversas comunidades.