Gracias al problema de implementación de la Finanzas Abiertas, la Superintendencia Financiera busca otorgar a los usuarios un mayor control sobre sus datos y la capacidad de tomar decisiones informadas.
Santiago Fandiño Ricaurte
Javeriana Bogotá
La evolución del intercambio de información de los consumidores financieros a través de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) ha ocurrido de manera gradual en el mundo. Hoy en día Colombia no es la excepción y cuenta con un interés para regular este tema.
Así, Colombia al igual que los demás países del mundo, ha entendido que este nuevo modelo de finanzas abiertas requiere de un marco normativo tanto para su implementación como para su regulación. La Constitución Política de Colombia en su artículo 15 reconoce el derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido de ellos. Para desarrollar ese derecho, fueron expedidas la Ley 1266 de 2008, mediante el cual se regula el hábeas data, y la Ley 1581 de 2012 que establece las disposiciones generales para la protección de datos personales en Colombia.
Por su parte, hace un año se expidió el Decreto 1297 de 2022, el cual estableció el marco general de las finanzas abiertas en Colombia. Así, el Decreto busca fomentar el acceso a la información del consumidor en favor del desarrollo de servicios y funcionalidades innovadoras e inclusivas. De esta manera el Decreto reguló lo siguiente:
– Si el consumidor financiero autoriza de manera previa, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera podrán tratar la información de los consumidores.
– Queda a cargo de la Superintendencia Financiera establecer los criterios tecnológicos y de seguridad, para el desarrollo de la arquitectura financiera abierta en el país.
– Las instituciones bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera estarán obligadas a proporcionar informes a la misma entidad sobre los progresos realizados en la aplicación de la arquitectura financiera abierta.
De la misma manera, el Gobierno Nacional ha reconocido la importancia de los esquemas de datos abiertos para la inclusión financiera. Es así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, se agregaron nuevas normas de acción en materia de Datos Abiertos y portabilidad financiera. Por lo anterior se han agregado las siguientes disposiciones normativas:
– El artículo 89 determina que las autoridades y los particulares, deberán dar acceso a toda la información que pueda ser empleada para facilitar el acceso financiero. Esto con el propósito de promover la competencia y la innovación para la inclusión financiera.
– El artículo 93, estipula el derecho a la portabilidad financiera, regulando que los clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán el derecho a solicitar el traslado de sus productos financieros e información tanto general como transaccional.
Dado el interés del Gobierno de Colombia en poder regular las Finanzas Abiertas, la Superintendencia Financiera ha lanzado su programa de implementación entre el periodo de 2023 a 2026. Programa que será el eje fundamental del esquema de datos abiertos y portabilidad financiera de Colombia. Así el programa cuenta con las siguientes etapas:
– La Fase 1 arranca con impartir las instrucciones generales. En esta Fase se busca establecer las reglas respecto de los receptores de datos, la autorización del consumidor financiero y la revelación de información.
– La Fase 2 proyectada para junio de 2024, busca definir los estándares para iniciación de pagos e impartir las instrucciones respecto del reporte de seguimiento a los datos de los consumidores financieros.
– La Fase 3 se encuentra divida en dos etapas. La primera de ellas para diciembre de 2024, busca definir los estándares de portabilidad financiera bancaria y la agregación de productos bancarios. Y la segunda de ellas, establecer los estándares de uso frente a portabilidad financiera en el mercado de capitales y la agregación de productos en mercado de valores y seguros. Segunda etapa que está proyectada para junio de 2025.
Por lo anterior, con este programa de implementación la Superintendencia Financiera busca otorgar a los usuarios un mayor control sobre sus datos y la capacidad de tomar decisiones informadas, al mismo tiempo que aspira a establecer nuevas propuestas de valor que se adapten a las auténticas demandas de la población y el entorno productivo.
