La reforma laboral debe generar empleos, contrario a lo que afirmó el Ministerio del Trabajo.
Juan Miguel Cortés
Asociado Chapman Wilches
La anterior legislatura terminó con el hundimiento de la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República. Esta reforma no buscaba generar empleo sino proteger los actuales, a costas de quienes no tenían empleo. Sobre su articulado, diferentes sectores manifestaron que este no resolvía los principales problemas del mercado de trabajo, como lo son el desempleo y la informalidad, y que su texto no se encontraba acorde con los lineamientos de organizaciones internacionales, como la OCDE. No obstante, el Gobierno y su bancada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes insistían en negar estos argumentos, sin justificación.
Nada más alejado a la realidad. Recientemente la OCDE, en su informe publicado en junio “Panorama Económico de Colombia. Perspectivas económicas 2023”, fue categórica en afirmar que una reforma laboral en Colombia debía tener en cuenta la elevada informalidad existente en el país, señalando que esta se debe en gran medida altas tasas de cotizaciones al sistema de seguridad social y a las estrictas regulaciones del empleo. Adicionalmente, afirmó que Colombia debe propender por mejorar los incentivos para la creación de empleo formal y aumentar las oportunidades para las mujeres en el mercado laboral. Finalmente, indicó este organismo que nuestro mercado de trabajo es fuerte al punto que ha amortiguado el efecto de la elevada inflación sobre el poder adquisitivo .
Lo que no se observa en ninguna parte del Informe es que se mencione el mercado laboral colombiano necesite reforzar la protección de los trabajadores y generar mayor estabilidad en el empleo, que el Gobierno manifestó eran los fines de su propuesta de reforma laboral, aduciendo además que esto era coherente con la posición de la OCDE y otros organismos internacionales como la OIT.
Por lo que, en las propuestas de reforma presentadas por el Ministerio del Trabajo no se observan iniciativas encaminadas a crear beneficios para nuevos empleos, revisar las tasas de cotizaciones al sistema de seguridad social, hacer menos estrictas las regulaciones de empleo y adoptar medidas para una igualdad de género en el mercado de trabajo. Por el contrario, lo que se proponía esta reforma era incrementar los costos laborales haciendo que las regulaciones de empleo fueran mucho más estrictas.
El próximo 20 de julio inicia la segunda legislatura y el Ministerio del Trabajo ha indicado que presentará nuevamente un texto de reforma laboral. Esperemos que este nuevo articulado esté acorde con los lineamientos y recomendaciones de las organizaciones internacionales pero, que además, sea el resultado de un proceso real de concertación tripartitito entre el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y los representantes de los empleadores, tal y como lo requiere el proceso de la creación de las normas laborales para lograr una justicia social dentro del espíritu de coordinación económica y equilibrio como fin último del derecho del trabajo.
Se puede consultar la versión completa del informe aquí: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/colombia_perspectivas_economicas_de_la_ocde_eo_11?fr=sYjQ3ZjYxMjMxNTE
Juan Miguel Cortés Quintero es Abogado cum laude de la Universidad del Norte. Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales y Máster (c) en Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho del Trabajo y Derechos Fundamentales de la Universidad de Salamanca. Consultor y abogado en temas de derecho laboral. Actualmente coordinador de la Unidad de Análisis y Gestión del Conocimiento en Chapman Wilches.
