El reto en la enseñanza del derecho para aquellos centros de educación superior y el grupo profesoral es mayúsculo ante una cifra tan alta de egresados: denota la obligación de formar – más que abogados, que sin duda ha de entenderse incluido – ciudadanos que busquen diferenciales dentro de su formación para sobresalir al interior de una profesión con números de oferta importantes.
Santiago Bonivento
Interesantísimo el último informe publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia titulado Ejercicio Profesional del Derecho en Colombia, perspectiva actual e ideas para su mejoramiento, en adelante el “Informe”.
Su nombre, diciente por lo demás, muestra una realidad en un país donde el conflicto ha sido una constante: 728 abogados por cada 100.000 habitantes. (Corporación Excelencia en la Justicia, p.2)[1] Ello quiere decir que, por cada millón de habitantes, 7.280 abogados y abogadas están listos y listas para actuar. Si en Colombia la población oscila la cifra de cincuenta y un millones de personas, y en una regla de tres simple, se estaría ante la nada despreciable cifra de 371.280 juristas.
Ello lleva a formular varias preguntas: ¿están siendo debidamente formados los miles de abogados y abogadas que año a año salen al mundo a ejercer la profesión?; ¿se está ante una profesión con más oferta que demanda?; ¿qué retos implica a nivel país y de la enseñanza del derecho las cifras que el Informe revela?
Me concentraré en la última pregunta formulada, especialmente considerando que, conforme al gráfico No. 1 del Informe, el número de abogados con tarjeta profesional vigente entre 1996 y 2022 fue exponencialmente creciendo, con un número superior a las 300.000 tarjetas profesionales expedidas entre los dos años marcos. Implica, en un ejercicio de matemática sencilla que, si año a año la división hubiese sido equitativa, se expidieron en el país, entre 1996 y 2022, poco menos de 12.000 tarjetas profesionales anuales. En palabras del Informe de la Corporación, “el número de abogados inscritos aumentó 472%” (p.3)[2] entre 1996 y 2022.
Relevante también mapear, previa referencia a las respuestas que me serviré de comentar sobre la pregunta planteada, que, conforme al Informe, a 2022, las mujeres constituyen aproximadamente el 46% de las tarjetas profesionales vigentes (p. 5)[3], lo cual se traduce en que la paridad entre hombres y mujeres en materia de ejercicio de la profesión, refiriéndome a ello como la obtención de la tarjeta profesional, está cerca – si la tendencia no se revierte y aun cuando entre 2008 y 2016 surtió un descenso (p.4)[4] – de acontecer.
Ahora sí, inmiscuyéndome en la última pregunta formulada, los retos que denota el Informe para el país – junto con las recomendaciones que este pregona y que, por lo demás, considero ajustadas a tiempo, modo y lugar en debida forma – son relevantes.
En primer lugar, el concebir que el derecho no puede ni debe ser una carrera pensada en el conflicto y, desde el principio de su enseñanza, debería concebirse como una carrera diseñada para la prevención del mismo.
En segundo lugar, comprender que se está ante una carrera con hondas implicaciones en el diseño normativo y la paz social, así como en la búsqueda de consensos que permitan desarrollo. Finalmente, comprender que no se está ante el ejercicio de la profesión por la mera expedición de un documento oficial que así lo permite. La abogacía – como pocas profesiones – requiere de una serie de habilidades diferenciadoras, que permitan encontrar, en quienes lo ejercemos, la sapiencia suficiente y necesaria para dejar de lado el ego propio de una profesión mediática en su quehacer por regla general.
En tercer lugar, pero no por ello menos importante, el reto en la enseñanza del derecho para aquellos centros de educación superior y el grupo profesoral es mayúsculo ante una cifra tan alta de egresados: denota la obligación de formar – más que abogados, que sin duda ha de entenderse incluido – ciudadanos que busquen diferenciales dentro de su formación para sobresalir al interior de una profesión con números de oferta importantes.
Así las cosas, las habilidades blandas, la apertura al conocimiento, el relacionamiento, la capacidad de adaptación, el uso de sistemas y, sin duda, y con especial énfasis en ello, los idiomas, son y serán agentes que marquen, en los abogados del hoy y en aquellos que están por venir, una pauta que les genere una apertura sustancial dentro del – ya – muy competido mercado laboral.
¿Qué si hay cama para 300.000 abogados y abogadas? Mi respuesta es enfática: debe haberla, para aquellos y aquellas que así se lo propongan.
