Una Reforma Laboral que invisibiliza a los desempleados e informales

Las prioridades del Gobierno en materia laboral deben ser la formalización y generación de empleo.

El más reciente informe de la Misión de Empleo de Colombia (2021) reveló que el mercado laboral colombiano se caracteriza por: (i) la transición de los trabajadores formales, a una ocupación mayormente como independientes o por cuenta propia, y (ii) el desempleo. Lo expuesto, sin duda, se ve reflejado en las tasas de desempleo e informalidad que para enero del 2023 se ubicaron en el 13,7% y el 57,9% respectivamente. Inclusive, según el DANE, de 22,14 millones de personas ocupadas para enero de 2023, 12,81 millones se reportaron como informales, mientras solo 9,33 millones eran trabajadores formales. Estos indicadores, desafortunadamente, nos convierten en el país de la OCDE con la mayor tasa de desempleo y el tercero con la mayor informalidad.

Lo expuesto, sugiere que las prioridades del Gobierno Nacional en materia laboral deben ser la formalización y la generación de empleo. No obstante, el texto de Reforma Laboral propuesto se encuentra totalmente desenfocado de estas dos problemáticas principales, por las siguientes razones:

Primero, está centrado en beneficiar a los trabajadores formales del país, incluyendo disposiciones legales orientadas a aumentar los actuales beneficios existentes para ellos, con el argumento de que, acabando la precarización, se formaliza el empleo.

Sin embargo, tales medidas, (i) solo terminan favoreciendo a una minoría del país; (ii) dotan de rigidez la legislación, pues se establece como regla general la inamovilidad y la estabilidad laboral absoluta; y (iii) impone cargas económicas desproporcionadas para el empleador, que aumentan los costos laborales en aproximadamente un 18,6% según Fedesarrollo.

Segundo, solo el 8% del texto se enfoca en medidas de formalización, lo cual es deficiente y además, refleja una falta de integración del sistema normativo nacional e internacional, como sucede con el articulado propuesto para la contratación de migrantes y deportistas profesionales, el cual fue redactado sin considerar la legislación migratoria vigente, así como las recomendaciones que para tales efectos, tienen las asociaciones internacionales para cada deporte.

Inclusive, lo propuesto para la formalización de los repartidores en plataformas digitales resulta arbitrario, pues se presume la existencia de un contrato de trabajo, asumiendo sin soporte técnico alguno que la prestación de este servicio se realiza bajo el concepto tradicional de subordinación. Esto, es un desacierto para la flexibilidad propia de las nuevas formas de trabajo, y no atiende a los criterios de la Recomendación 198 de 2006 de la OIT.

Tercero, siendo de lo más alarmante, no se evidencian medidas que impulsen positivamente el crecimiento y formalización de las pequeñas y medianas empresas. Olvidando de plano, que las MiPymes constituyen el 99% de nuestro tejido empresarial, generan el 35% del PIB y el 80% del empleo en Colombia.

Es claro que la reforma acentúa las problemáticas de nuestro mercado laboral, haciendo al país menos competitivo, desincentivando la inversión extranjera, la sostenibilidad de las actuales empresas y la creación de nuevas.

Hoy por hoy, el Gobierno tiene una oportunidad de oro para impulsar una Reforma Laboral transversal e integrada, que efectivamente atienda las prioridades de nuestro mercado laboral, la cual no puede desaprovechar. Es así, como los cambios propuestos deben contar con un enfoque diferencial que permita el desarrollo del parque empresarial y, además, abone el terreno para el nacimiento de nuevos emprendimientos, generando nuevos empleos, estables, productivos y mejor remunerados, permitiendo que Colombia sea reconocida por contar con una sociedad sólida, próspera e incluyente y no como aquella nación que invisibilizó a los desempleados e informales.