¿Hasta qué punto puede el gobierno de un país capitalista que vela por la protección de derechos fundamentales prohibir ciertas aplicaciones por razones como la de protección a la información?
¿Qué está pasando con Tik Tok en Estados Unidos? En resumen, se han sostenido una serie de audiencias en el Congreso de Estados Unidos en donde el interrogado ha sido Shou Chew, CEO de la aplicación. Estas audiencias con sus arduas preguntas por parte de los Congresistas de Estados Unidos han estado enfocadas en la protección de datos y de la información privada de los ciudadanos estadounidenses. De hecho, el tema más cuestionado es el manejo que se le estaría dando a esta información y principalmente si Tik Tok, propiedad de la empresa china ByteDance Ltd., está tomando la información privada de sus usuarios norteamericanos y compartiéndola con el gobierno chino, con quien Estados Unidos no maneja buenas relaciones. Por estas razones, se está buscando prohibir la aplicación.
Por su parte, Tik Tok insiste que la información recopilada de ninguna forma estaría siendo enviada al gobierno chino. Inclusive, ha establecido que tienen diferentes políticas de protección de datos y de protección de contenido, en el caso de menores de edad.
Dejando de lado el tema del espionaje chino y las razones que ha expuesto el gobierno estadounidense sobre la protección a la nación, a la recopilación de datos y a la información privada, debemos preguntarnos si la prohibición total de esta aplicación o incluso de más aplicaciones parecidas sería una violación a derechos como el de la libre expresión. Por tanto, nace el interrogante de ¿hasta qué punto puede un gobierno de un país capitalista que vela por la protección de derechos fundamentales prohibir ciertas aplicaciones por razones como la de protección a la información? Tengamos también en cuenta que no hay pruebas sustanciales y firmes para determinar que estos datos están siendo enviados al gobierno chino.
Lo que realmente interesa poner presente en este escrito es qué pasa con derechos como la libertad de expresión, derecho a la libertad de prensa o el derecho al trabajo. Pues, en caso de prohibir la aplicación dentro de país, el gobierno estaría vulnerando dichos derechos, así como muchos más que se derivan de los mismos; derechos que han sido protegidos a través de los años. Cabe preguntarse si habrá pensado el gobierno estadounidense sobre las consecuencias.
Ahora, ¿qué pasaría en Colombia? Aplicaría la misma narrativa: la violación a derechos como el libre desarrollo de la personalidad, derecho a la libre expresión o incluso derecho al trabajo, derechos consagrados y altamente protegidos en nuestra Carta Política. ¿Cuáles serían las consecuencias políticas, económicas y sociales para Colombia si se llegase a prohibir dicha aplicación y con esto se violaran los derechos fundamentales de los colombianos?
Para cerrar, es claro que muchos de estos interrogantes quedan abiertos y que, en estos momentos, no es posible llegar a una respuesta clara. No obstante, si es importante realizar este tipo de preguntas y plantear la duda, pues muchas veces las consecuencias pueden causar un gran daño.