La tecnología – en compañía del adecuado control humano – de a pocos, y de manera segura, debería permitir que la regla “a menor tramitología, mayor desarrollo empresarial” prime y prevalezca.
Santiago Bonivento
Un criterio para medir el desarrollo empresarial de un país debería ser el número de trámites corporativos y normativos en materia legal que supone la creación e implementación de la persona jurídica. La regla de medición sería simple: a mayor tramitología, menor desarrollo empresarial y viceversa.
Lo anterior, además, optando por ser especialmente medido en las pequeñas y las medianas empresas que ven, en el cumplimiento pleno, consciente y decidido de dichos trámites, cómo su esfuerzo y sus recursos se ven clara, seria y directamente involucrados.
A finales del año pasado, el diario económico especializado Portafolio publicaba un titular no solamente alarmante sino, también, preocupante para quienes piensan en desarrollar o, como coloquialmente se conoce, “montar” empresa en el país: “En Colombia, de los 246 días laborales, los empresarios deben destinar 60 días para labores de tramitología”, complementando, además, que “los micro y pequeños empresarios colombianos, que representan aproximadamente el 90% del país, deben cumplir en promedio con 46 obligaciones”, siendo la mayor carga en materia impositiva y de trabajo. (Portafolio, 2022[1]).
A grandes rasgos, basta con hacer un recorrido de los primeros meses del año para darse cuenta de lo previamente esbozado y de cómo, en Colombia, la creación de una tramitología obligacional excesiva en materia corporativa y legal, ha sido y es actualmente alta: (i) renovación de matrículas mercantiles, (ii) presentación de informes de gestión ante órganos de dirección internos y ante entidades regulatorias y de vigilancia, (iii) aprobación de estados financieros, (iv) celebración de reuniones y elaboración y asentamiento de actas de reuniones ordinarias y extraordinarias de los órganos de dirección, (v) actualizaciones de registros ante diferentes entidades, (vi) reportes de autoevaluación de estándares y, así, sería posible enumerar algunas – muchas – adicionales. Ni hablar, además, cuando se adquiere un bien inmueble y dejando de lado todos y cado uno los procedimientos tributarios de declaración y pago, que no dejan de ser menores y – mucho menos – pocos.
La mayoría de las precitadas anteriormente, además, con la siempre temerosa “sanción” por detrás: si no se cumple, multado. Si no se observa, investigado. Si no se paga, intereses a la tasa máxima permitida.
La propuesta, ergo, no concibe una supresión total de obligaciones que tienen sentido para efectos de la vigilancia, el control y el buen funcionamiento del mercado, la competencia y las prácticas del día a día de las múltiples empresas en Colombia. Se trata, eso sí, de entender que puede haber menos (o por lo menos el intento de una unificación entre muchas de ellas) y, sobre todo, otras formas de velar por su observancia con un aliado que nos convoca a diario a ver su interesante rol de participación: la tecnología.
Así las cosas, la tecnología – en compañía del adecuado control humano – de a pocos, y de manera segura, debería permitir que la regla “a menor tramitología, mayor desarrollo empresarial” prime y prevalezca. Se lograría, así, apoyar y aportar al crecimiento de aquellas empresas que – legal, cumplida, cabal, consciente y abiertamente – buscan cumplir y reducir los tiempos aterradores que el portal especializado previamente reseñado citaba a finales del año pasado. Debería ser máxima prioridad para los diferentes grupos de interés sobre el particular: el gobierno, las empresas, la sociedad civil, los entes regulatorios, entre otros.
De nada sirve tener tanto cuando su observancia se traduce en un esfuerzo descomunal que desincentiva su aplicación. Estamos ante un caso típico, para quien acá escribe, de una situación en virtud de la cual menos podría ser – y mucho – más.
[1] Pequeñas empresas gastan en promedio 477 horas al año en tramitología. Portafolio (2022). Recuperado de: Tiempo que gastan pequeñas empresas de Colombia en trámites burocráticos | Empresas | Negocios | Portafolio
Santiago Bonivento es Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en derecho empresarial. Candidato a especialista en Dirección de Empresas y Liderazgo Digital, así como candidato a Magister MBA Gadex con énfasis en Relaciones Internacionales. Profesor del Departamento de Derecho Económico en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.
