ARGENTINA
El Estado debe fomentar políticas publicas concretas, generando un marco de autonomía y suficientemente ágil, para permitir a la iniciativa privada agregar valor para la generación y creación de fuentes de trabajo decente.
Ernesto Sanguinetti
Envueltos en un “loop” de dogmas y afirmaciones, las políticas y legislaciones laborales no aciertan en resolver la inclusión social. Basta leer informes económicos, del trabajo o los propios informes de UNIFEC, como para evaluar que, pese a los discursos pregonados desde los distintos estandartes institucionales, el problema persiste sin solución.
En Argentina la tasa de empleo se mantiene estable entre el 43% al 44,2%, con un porcentaje de casi el 50% de empleo informal (entendiendo por este no necesariamente “precario” sino ausente de protección de seguridad social). En el año 1995, la tasa de actividad era del 42,6%, mientras que para el 2019 era del 43% y para el 2022 44,2% (todo conforme fuentes oficiales) Si consideramos que en ese período la población argentina ascendió 11.000.000,00 millones de habitantes, queda claro que el mercado del trabajo demuestra que cada año, más habitantes quedan excluidos del sistema de trabajo formal.
El paradigma del trabajador hipo suficiente y del empleador abusador capitalista ha inspirado marcos normativos que han intentado en un cierto péndulo conceptual incluir por vía de mayores derechos del trabajador o mayores libertades del empleador, sin resultado.
No se trata ya de seguir debatiendo filosóficamente. No se trata de persistir con entender al trabajo como una superposición de dos tipos de relaciones hombre/naturaleza y hombre/hombre. Esto ha sido deficiente e insuficiente. Debatimos los estamos bien vestidos, sentados en escritorios y con acceso a alimentación y cultura.
Un disparador es cambiar el foco: mantener la mirada en la persona (objeto esencial de protección y que como tal es trabajador, asalariado, empresario, emprendedor, empleador, ama de casa, cuenta propista, etc), pero empezar a poner al trabajo como objeto central de las políticas públicas.
Incentivar a aquellos que, bajo diversas formas, generan posiciones de trabajo, y encausarlas desde ya dentro de las políticas de trabajo decente que se asientan como principio fundamental conforme a los principios de la Organización Internacional del Trabajo.
El trabajo es la única forma real de inclusión social. Con el trabajo el hombre no sólo se procura el pan cotidiano, sino que contribuye al continuo progreso de las ciencias y la técnica, y sobre todo a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad (Conforme “Laborem Excercens”).
El cuestionamiento deberemos centralizarlo al rol del estado. Es exigible un marco normativo de mayor agilidad, con menos procedimientos y cargas administrativas para contratar simple en la forma de exponer y liquidar salarios, reducir al menor extremo posible los costos directos o indirectos que se imponen sobre el salario, procurando mayor inmediatez en el vínculo empleador/empleado, sin tanta interferencia e injerencia, salvo, claro está aquellas que hacen a establecer los límites necesarios para garantizar el trabajo decente (límites de jornada, protección del trabajo infantil, reglas de no discriminación, etc).
El Estado debe fomentar con políticas publicas concretas, generando un marco de autonomía y suficientemente ágil, para permitir a la iniciativa privada agregar valor para la generación y creación de fuentes de trabajo decente.
Ernesto Sanguinetti es Socio Director PASBBA Abogados. Abogado, especialista en Derecho Laboral, Asesoría de Empresas y Planeamiento Estratégico. Asesor de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Energía y Luminotécnicas (CADIEEL) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).
