La política energética para integrar FNCER tiene buenas intenciones, pero requiere de mayores esfuerzos.
Mónica Torres Sierra
para el equipo de Energía & Cambio Climático
Desde hace varios años Colombia ha emitido una pluralidad de señales para la promoción y desarrollo de proyectos con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER.
Estas señales, además de darle protagonismo, sobre todo a sol y a viento, han permitido que a lo largo y ancho del país se hayan desarrollado múltiples proyectos de autogeneración (solar fotovoltaica en su mayoría) a pequeña y gran escala que han permitido la materialización de diferentes beneficios a favor de sus desarrolladores e inversionistas, como la reducción de costos de electricidad, aporte a la descarbonización de su actividad económica, la exportación de energía excedentaria que generan recursos económicos, y la obtención de beneficios fiscales.
Sin embargo, no podemos afirmar que en Colombia utilizamos Fuentes No Convencionales de Energía Renovable FNCER para generar la energía que consumimos. La política energética ha logrado que a través del mecanismo de subastas de contratos de largo plazo en 2019 y 2021 se hayan adjudicado aproximadamente 2.100 MW de capacidad efectiva neta renovable (sol y viento), y a través del mecanismo de subastas de obligaciones de energía en firme del cargo por confiabilidad se hayan adjudicado en 2019 aproximadamente 1.400 MW de capacidad efectiva neta renovable (sol y viento).
Sin embargo, los proyectos adjudicados a través de estos mecanismos no han podido entrar en operación por diferentes razones que afectan el cumplimiento de las metas de descarbonización; ponen en riesgo la viabilidad de los proyectos por el aumento de los precios de construcción por cuenta de la devaluación y el aumento de la inflación, y por el aumento de los costos de financiación; afecta la seguridad jurídica en el sector; y estresa el sistema eléctrico por el aumento de compra de energía para cubrir los compromisos adquiridos.
Algunos proyectos de generación dependen de la entrada en operación de otros proyectos de infraestructura para ampliar las líneas de transmisión como Colectora y, en conjunto, se enfrentan a dificultades en el desarrollo de las consultas previas, lo que impide superar la fase para obtener la licencia ambiental de estos proyectos.
A lo anterior, súmesele que actualmente cursan 801 solicitudes de conexión de proyectos al Sistema de Transmisión Nacional equivalentes a 56.683 MW de capacidad de generación, lo que supera en casi tres veces la capacidad total instalada del país (18.136,07 MW), por lo que el desarrollo de varios de esos proyectos se verá truncado por la insuficiencia en la infraestructura de transmisión.
La política energética debe ser capaz de enviar las señales adecuadas para contrarrestar las dificultades a las que se enfrentan los proyectos FNCER en Colombia. No basta con tener un marco jurídico actualizado, si no existe coherencia y proporcionalidad en los mecanismos que se implementan para viabilizar las FNCER. Además, la coordinación e interacción entre todas las autoridades competentes como la ANLA, el Mininterior, el Minminas, la UPME, la CREG, entre otras, es determinante para destrabar el desarrollo de los proyectos. La política energética debe estructurarse con el fin de hacer mayores esfuerzos para encontrar mecanismos que permitan materializar la integración de las FNCER en Colombia.
