Juan Nicolás Rivera Contreras
Colombia
«El Estatuto de Conciliación traerá mayor efectividad en lo contencioso administrativo«
La Ley 2220 de 2022, por medio de la cual se expide el Estatuto de Conciliación entrará en vigor a partir del 30 de diciembre del presente año, y como consecuencia dicha normatividad derogará la Ley 640 de 2001. Esta nueva disposición nos encauza a la realidad jurídica, la cual obedece a la implementación de medios virtuales y fortalece los mecanismos de conciliación en distintas materias, manteniendo los principios de autocomposición, acceso a la justicia, celeridad, confidencialidad, buena fe e imparcialidad, entre otros.
El trabajo realizado por los expertos que participaron en la comisión redactora en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, tuvo como objetivo la unificación de los principios y la regulación en materia de conciliación, a efectos de mantener el uso de nuevas tecnologías y medios virtuales, con el propósito de garantizar el acceso a la administración de justicia, lo que a su vez implica la descongestión en trámites de conciliación que seguro tendrá una repercusión positiva a nivel judicial.
En materia de lo contencioso administrativo, el Estatuto de Conciliación establece en los medios electrónicos como la alternativa adecuada para agilizar el trámite de reparto sin tener en cuenta el factor de competencia territorial, permitiendo la realización de audiencias virtuales con independencia del lugar de residencia de las partes intervinientes, asimismo prevé el otorgamiento de poderes mediante mensaje de datos, la radicación de comunicaciones a través de los canales suministrados, otorgando la presunción de documentos como auténticos y la creación de expedientes digitales, así como también, la implementación de una base de datos para unificar la información de acuerdos conciliatorios.
En ese sentido, la nueva normatividad ratifica lo señalado en la Ley 2080 de 2021, en materia TICs, implementando el uso de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, en vista a los resultados positivos que generaron durante la emergencia sanitaria la realización de audiencias virtuales, originando una buena estadística en la realización de acuerdo conciliatorios.
De acuerdo, con el informe de rendición de cuentas del año 2021, emitido por la Procuraduría General de la Nación, en asuntos administrativos se lograron 3.987 acuerdos conciliatorios, los cuales significaron un beneficio económico del Estado de 3.000 billones de pesos, a diferencia del informe brindado en el 2018 por el mismo órgano de control, que solo logró ahorrar 469 mil millones de pesos. Lo anterior, debido al efecto generado por la realización de audiencia virtuales, que permitieron agilizar y fortalecer los temas conciliatorios.
Entre otros grandes cambios, se crea el Sistema Nacional de Conciliación por medio del cual implementará la política pública de conciliación con el objetivo de fortalecer la solución de conflictos a través de acuerdos conciliatorios, registrando y vigilando el impacto de la nueva normatividad. Adicionalmente, se crea un incentivo para los procuradores judiciales que se incluirá en su plan de bienestar sobre el éxito de acuerdos conciliatorios, incentivo que busca mayor efectividad. Con todo, el Estatuto de Conciliación traerá mayor efectividad en lo contencioso administrativo y buscará una intervención eficiente por parte del Procurador Judicial Delegado.
