Autor: María Gabriela Castillo
Una vez se han aceptado los postulados sociológicos bajo los cuales se explica la inviabilidad de la cadena perpetua en Colombia, respecta adecuado visualizar los costos económicos, pero ante todo sociales, que la industria de la prisión le genera al Estado.
Según un reportaje realizado por la revista el Espectador, solo para 2018, un preso le costaba al Estado un aproximado de 13 millones de pesos anuales, si bien la cifra podría estimarse como relativamente pequeña, la misma tendrá que ser multiplicada y actualizada por el lapsus de tiempo que la persona se encuentre recluida.
Solo para el mes de enero del año 2020, tanto el INPEC, como el USPEC, manejaron presupuestos de $1.372.234.200.000,00 y $ 801.529.794.988,41 de pesos, respectivamente. Así, estas dos instituciones estarían invirtiendo más de dos billones de pesos en sostener el sistema carcelario. Continuando en un análisis de las estadísticas, la edad media del infractor, según informes del INPEC (2019) está entre 25 y 29 años, de esta forma una cadena perpetua implicaría financiar el sostenimiento de una persona por un lapsus aproximado de 49 a 45 años, que, al convertirlos en cifras monetarias, se presentan en un pasivo de más de $573.300.000,00 millones de pesos.
La cifra anteriormente presentada, es excesivamente significativa y podría ser utilizada de forma más adecuada, como por ejemplo en programas de bienestar y protección a las víctimas o inclusive la reparación económica. Si bien, las victimas no pueden ser cosificadas, adicionando que muchas veces las repercusiones de una infracción son irreparables, el Estado está en la obligación de acercase tanto como sea posible a la reparación de daños y entre estas medidas se encuentra la económica.
En tanto los costos sociales, es importante recalcar las múltiples quejas que ha presentado el personal de seguridad encargado de la vigilancia de las cárceles, pues obtienen un aumento de carga laboral, en parte relacionada con la continua disminución de personal, que no es remunerada de la forma adecuada.
Así mismo, se pueden proyectar las negativas consecuencias que tiene la reclusión de una persona para su familia. El preso medio es un hombre entre 25 a 35 años, de estratos inferiores al 2, cabeza y sustento económico de su núcleo, en consecuencia, se privan de ingresos a aproximadamente 4 o 6 personas, quienes quedarán desprotegidas, agravando aún más su condición de pobreza.
Más allá del problema planteado, sobre ese núcleo recaerá una importante estigmatización que muchas veces le impedirá abrirse camino en el mundo laboral. Inclusive, una vez el prisionero recobre la libertad, le será casi imposible poder volver a generar ingresos, volviéndose una carga para su familia, momento oportuno para que se generen espacios foco de violencia intrafamiliar y abandono del hogar.
Para dar finalidad al estudio anteriormente expuesto, es importante recordar que como ciudadanos tenemos en nuestros hombros una mínima carga cívica, que si bien no ha sido fomentada de la forma mas adecuada, estamos llamados a exteriorizarla, evitando la promulgación de mecanismos legales que contarían la constitución y crean cargas adicionales e ineficientes para el país.
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